Sólo el Estado puede poner en caja a la Santa Alianza de agroexportadores y bancos
Antonio Gramsci —que pasó diez años en la cárcel, la dejó el 21 de
abril de 1937 y murió en el hospital seis días más tarde, de hemorragia
cerebral, a los 46 años— sostenía que el poder ha sido y sigue siendo la
fuerza principal que estructura el orden social.
Toda relación de poder necesita el consentimiento del dominado, que
en alguna medida consciente acepta los valores y las posiciones del
dominante (hegemonía).
De hecho, el proceso productivo se ejerce en los ámbitos de la
sociedad bajo la tutela del Estado. La sociedad otorga a la propiedad
privada y sus poseedores autoridad sobre la población y su vida
cotidiana, “un poder que el Estado hace respetar y que muchos Estados
tiránicos antiguos habrían envidiado”.
Pero para esto se debe definir dónde se sitúa el poder, en qué sector
de la sociedad se concentran las decisiones fundamentales y ese es el
centro de la discusión en este país que queda el sur de América. Fue
planteado por la Vicepresidenta de la República en su discurso en la
ciudad de La Plata el 17 de diciembre de 2020. O se crece para adentro y
nos beneficiamos todos, o nos subordinamos a las demandas del exterior y
con ello se excluye a dos tercios de la población.
En la Argentina actual es claro que hay un sector predominante que es
el agro industrial exportador y los principales bancos privados, que
han tejido una alianza entre ellos y les permite ganar fortunas,
mientras la mayor parte del país sufre el descenso del nivel de
actividad y de su vida.
Esa sociedad de banqueros y agroexportadores queda encubierta por una
parafernalia de instrumentos como los medios de comunicación, la
educación, la religión, que penetran en los valores de la sociedad toda,
de las familias y de las personas, no permitiendo que cada uno
desarrolle el innato sentido de pensar por sí mismo y en procura de
mejorar su vida y la de los suyos. Juan Perón decía: “Nadie se puede
realizar en una sociedad que no se realiza” y se refería al pueblo
argentino, no a los que se integran al mundo desatendiéndose de la
mayoría de la población, sirviéndose de la valorización de su capital.
Un camino trazado
En nuestro país desde la dictadura militar se armó toda la
legislación con el fin de valorizar financieramente el capital,
conformada por estas leyes:
- 21.382 de inversiones extranjeras (que prácticamente le confiere al
extranjero los mismos derechos que a los inversores nacionales);
- 21.495 sobre desnacionalización y descentralización de los depósitos;
- 21.526 que estableció el nuevo régimen legal de las entidades financieras [1];
- 21.572 de creación de la cuenta Regulación Monetaria (de esa manera
el BCRA remuneraba los depósitos en cuenta corriente a los bancos);
- 21.364, 21.547 y 21.571, que modificaban la Carta Orgánica del BCRA,
pero como no era suficiente, en el año 1992 Domingo Cavallo mediante la
ley 24.144, profundizó la apertura confiriéndole al BCRA el poder de
comprar dólares al Tesoro de la Nación (divisas que el Estado nacional
consigue esencialmente por endeudamiento) y, a su vez, que sean los
bancos los únicos que le pueden comprar esos dólares al BCRA.
Públicamente se sostenía (y los bancos lo siguen sosteniendo, ahora
solapadamente) que había que liberar el sistema para que por sí solo se
expanda y asigne el ahorro de la población a los sectores más rentables,
atribuyéndoles a los bancos esa capacidad que solo puede tener un
Estado. El resultado no pudo haber sido peor, con un PIB (Producto Bruto
Interno, la cantidad de bienes y servicios finales que produce el país)
en 2020 similar en dólares constantes al de 1974 (y con veinte millones
más de habitantes). En aquella época existían más de 800 entidades
financieras distribuidas en todo el país, mayoritariamente cajas de
crédito y sociedades cooperativas, el total del préstamos al sector
privado sobre el PIB fue del 43,55% y, la Argentina era la nación más
integrada del continente, donde menor diferencia había entre un pobre (y
una familia pobre) y un rico (y su familia); la tasa de desocupación
abierta era del 4% y la pobreza era del 6%. Uno de los pilares de esa
redistribución progresiva del ingreso era que el crédito se volcaba
esencialmente a la producción y al consumo popular.
En el año 2020 quedaron en pie 65 entidades financieras (solo 13 son
públicas de la Nación o de las provincias, incluido el Banco Municipal
de Rosario) y el crédito total al sector privado es solo el 11,15% del
PIB (y principalmente destinado al consumo o asimilables al consumo,
tarjeta de crédito y préstamos personales, no a la inversión en máquinas
y equipos) y, el resultado no puede ser otro que la pobreza supere al
40% de la población alcanzando a más de veinte millones de personas, con
el agravante de que el 60% de los niños de la Argentina son pobres.
Mientras el PIB argentino desciende un 10,5%en el año 2020, los once primeros bancos privados [2]
tuvieron tasas positivas de ganancia, que básicamente consiguen tomando
depósitos del público y prestándoselo en LELIQs (letras de Liquidez) al
BCRA. Los intereses que perciben los bancos por ello están en torno a
los 70.000 millones de pesos por mes. Aunque se espera que, por la
fuerte emisión monetaria de diciembre de 2020, el BCRA tendrá que salir
a absorber más pesos no bien comience el año 2021, por ende, el stock
de pasivos remunerados (prestamos de los bancos al BCRA) crecerá y
también sus intereses. Todo bajo la lógica pura de subir los intereses
para que no suba el precio del dólar, como si no hubiera otras variantes
fundamentales y más importantes que esa lógica financiera que solo
genera ganancia a los sectores beneficiados y pobreza y exclusión a la
mayoría de la sociedad.
El dinero y su ahorro provienen del circuito productivo argentino y
no puede ser apropiado por los bancos privados y que sean ellos los que
determinen en qué se emplea, que la más de las veces es para obtención
de renta de muy corto plazo en lugar de apuntalar planes de inversión,
por eso las LELIQs (que son letras de liquidez que coloca el BCRA en los
bancos) son a siete días, los depósitos en su mayor parte se renuevan
cada 30 días y la renovación de las líneas de crédito es cada seis
meses.
Continuar con el concepto de banca universal de la ley 21.526 va en
desmedro de constituir la necesaria banca de inversión que fondee planes
de mediano y largo plazo. El sistema financiero debe tener un piso de
crédito para pymes y se debe desalentar la compra y venta de dólares y
de activos financieros como forma de aumentar ingresos. Y las LELIQs se
deben emplear para constituir un activo consolidado de un año y prestar
desde allí a la producción y a obras de infraestructura tanto pública
como privada.
Por otra parte, las relaciones de nuestro país con el exterior nos
demuestran que no hay un problema de restricción externa clásico, esto
es, no necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo
haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial. De hecho
desde el año 2003 hasta los últimos datos oficiales a octubre de 2020
se acumuló un superávit comercial total (las exportaciones superaron a
las importaciones) en 156.355 millones de dólares, que es una suma
significativa en cualquier lugar del mundo.
El problema real es que la legislación financiera y cambiaria heredada de la dictadura de Videla, del menemismo y del macrismo [3],
permitió que las empresas pagaran supuestas deudas externas e
importaran en forma anticipada mercaderías comprándole dólares al BCRA
al precio oficial [4];
más el hecho de que los exportadores y los bancos tardan en ingresar
las divisas de las operaciones, demostrando que hasta octubre de 2020 en
el MULC (Mercado Único Libre de Cambio), habían ingresado 5.049
millones de dólares menos que lo registrado por las Aduanas y el INDEC
en la Balanza de Pagos. El INDEC contabiliza exportaciones por 46.556
millones de dólares pero el MULC percibe solamente 41.507 millones.
Existe doble contabilidad y triangulaciones en el comercio exterior,
los exportadores subfacturan sus ventas y los importadores
sobrefacturan sus compras (precio de transferencia pagan más por los
insumos que traen de sus casa matrices y siempre hacen depender su
producción de esos insumos) y los que lo instrumentan son los bancos,
mediante las cartas de crédito o las letras de cambio
El mismo BCRA en mayo de 2020 presentó un trabajo donde demuestra que
en los cuatro años de gestión de Cambiemos se fugaron 86.200 millones
de dólares y que los cien primeros compradores lo hicieron por 24.679
millones de dólares. Nunca se comunicó quiénes eran, pero es fácil
deducir que son los mismos que no quieren pagar el aporte solidario a
una Administración Pública que enfrentó la pandemia sola de soledad
absoluta, gracias al heroísmo de los médicos y paramédicos de los
distintos hospitales y programas de salud, muchos de los cuales pagaron
con su vida. Un porcentaje importante se infectó con el Covid y todos
trabajaron horas y horas poniendo en riesgo incluso a su familia en
cumplimiento del deber y cobrando sueldos miserables.
Por eso en una parte de su discurso en el Estadio Diego A. Maradona
de La Plata, el 17 de diciembre de 2020, Cristina Fernández de Kirchner
sostuvo: “No estoy diciendo nada que no se pueda hacer, doce años y
medio lo hicimos en la República Argentina, y por eso, además de por la
unidad, volvimos. No nos olvidemos de esto, porque si uno no sabe cómo
llegó es probable que no sepa tampoco cómo ir”.
Y esa es la verdad, se llega al gobierno para la “felicidad del
pueblo y la grandeza de la Nación” y no para que se beneficie una
minoría rentística que no genera trabajo y pretende ajustar costos vía
reducción de salarios. El camino debe ser exactamente el inverso:
propiciar el crédito, los subsidios y todo mecanismo de apalancamiento
para fortalecer el mercado interno, base del crecimiento sostenido como
lo demostró el kirchnerismo y todos los gobiernos nacionales y populares
que así lo hicieron.
Solo dos caminos: o se subordina al complejo agro-industrial y
grandes bancos, o se defiende el mercado interno y con ello el empleo y
la producción argentina.
[1]
La ley 21.526 le concedió a los bancos comerciales realizar “todo
aquello que esta ley no prohíbe”, dándole ventajas exclusivas, siendo
los únicos habilitados para captar depósitos en cuenta corriente, que no
paga interés.
[2] Bancos Galicia, Macro, Credicoop, Santander-Río, BBVA, HSBC, ICBC, Citi, Patagonia, BNP Paribas y Supervielle.
[3]
Macri anuló la Emergencia Cambiaria, que obligaba a exteriorizar la
compra de divisas al BCRA mediante acuerdo firmado por la máxima
autoridad de Comercio Exterior del país, de Aduana y del BCRA (Decreto
2581/1964) y la redujo solo al BCRA.
[4]
Que se hubiera evitado derogando el Decreto 893/2017 que a su vez había
anulado la Emergencia Cambiaria del Decreto 2581/1964 vigente durante
53 años.
